Los poderes públicos deberían incentivar las emisiones sostenibles y penalizar aquellas otras contaminantes, según los expertos del centro de pensamiento EuropeG. El potencial de las primeras alcanza los 180.000 millones de euros anuales en Europa y su demanda en el mercado es cada vez mayor.
Los bonos verdes tienen su origen en 2007, cuando el Banco Europeo de Inversiones lanzó su emisión. Éstos son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas con la peculiaridad de que los fondos obtenidos deben destinarse a la financiación de proyectos que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el número 7 (energía asequible y no contaminante) y el número 13 (acción por el clima).
Las emisiones mundiales de bonos verdes superaron los 160.000 millones de dólares en 2018, con un saldo vivo de 372.000 millones de dólares, y en el caso europeo, de aquí a 2030 representarán en torno a 180.000 millones de euros anuales para financiar los compromisos de energía y clima de la Unión.
En el caso español, el mercado de bonos verdes está todavía poco desarrollados, puesto que mueve en torno a 5.000 millones de euros. Una de las empresas promotoras es Iberdrola, quien está considerada como el primer emisor privado del mundo y es un modelo de referencia internacional en este tipo de financiación. Además, cuenta con un marco propio de emisión que se inspira en los criterios establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA): los Principios de los Bonos Verdes.
Esta compañía eléctrica, pionera en la emisión de bonos verdes en 2014, emitió en 2018 por 1.400 millones de euros, y otras empresas del sector han seguido sus pasos en una estrategia de inversión en infraestructuras para la descarbonización de la actividad económica.
Iberdrola suscribió en 2016 con BBVA el primer préstamo verde realizado en el mundo para una utility. En diciembre de 2018, emitió bonos verdes con una inversión sostenible de 44 millones de euros. Con ésta, completó con éxito un total de ocho emisiones públicas senior. Y, el mes pasado, firmó un préstamo verde con 21 bancos con las mejores condiciones desde antes de 2007. Se trata de un importe de 1.500 millones de euros a un plazo de cinco años, que será extensible dos años más.
En España, los principales bancos, actuando como colocadores o suscriptores de títulos verdes, emitieron en 2017 en torno a 2.000 millones de dólares con este tipo de instrumentos, muy por debajo de los principales agentes internacionales, cuyas operaciones superaron los 7.000 millones. El coste que supondrá el cambio climático para las generaciones futuras es alarmante, por lo que todo tipo de iniciativas que promuevan el desarrollo de proyectos de inversión sostenible es el camino a seguir.
Los autores de este estudio del Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política europeG consideran que es necesario un mayor impulso de la colaboración público-privada e incentivos a la inversión sostenible, que encajarían bien en una futura ley de cambio climático y transición energética.
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