La nueva Ley de Vivienda nace sin consenso ni el beneplácito del sector

La llamada nueva Ley de Vivienda aprobada hoy por el Gobierno no goza en buena medida del beneplácito del sector. Pocas son las voces que creen que vaya a mejorar algunos de los aspectos mas problemáticos a los que se enfrentan los consumidores. Además, las críticas del Consejo General del Poder Judicial sobre la posible invasión de competencias y la regulación del alquiler la colocan en la rampa de salida para ser protagonista de numerosos litigios judiciales.

La norma llegará al Congreso para su tramitación urgente, pero se presume una cruda y compleja batalla con los socios de gobierno. Algunos de ellos exigen ampliarla porque no aborda tampoco a su juicio todas las cuestiones relevantes para una norma de este calibre. Se espera por ello una ardua tarea parlamentaria que podría durar hasta un año.

Una inestabilidad jurídica que no da garantías ni a propietarios ni a inquilinos

Futuribles políticos aparte, los que trabajan diariamente en el sector y están “a pie de puerta” creen que esta ley no ayudará a paliar uno de los problemas endémicos que vive el sector: la escasez de vivienda en alquiler. Desde Fotocasa, su Directora de Estudios, María Matos, afirmaba hace unos días que “la gran problemática que tiene este sector es la falta de vivienda en renta, la principal responsable de que las zonas más céntricas de las ciudades presenten precios altos y se encuentren tensionadas”.

Se estima que la media europea de vivienda en alquiler disponible es del 34 %. En España, de media sólo el 24 % de las viviendas se arriendan y el 76 % restante son viviendas en propiedad. Para Matos “es necesario ampliar el parque de vivienda en renta y fomentar el aumento de la vivienda asequible de alquiler. Esto incrementaría la oferta en nuestras grandes ciudades, siendo una medida que beneficiaría la contención de los precios y el enfriamiento del mercado cuando fuese necesario por parte de la administración”.

El alquiler de vivienda necesita colaboración público privada

Para que un propietario saque una vivienda en alquiler debe tener un atractivo económico y una seguridad jurídica plena. María Matos afirma que “es preciso que las políticas y medidas aplicadas a este mercado ofrezcan seguridad jurídica a propietarios y protección a los inquilinos de igual manera. Se hace necesaria la colaboración público privada; a través de la cual se amplíe el parque público de vivienda en alquiler, mediante el fomento de la puesta de inmuebles en el mercado y el aumento de vivienda social y asequible. Son cuestiones que resultan cruciales para crear un clima de estabilidad”.

En un reciente informe elaborado por el EsadeEcPol (ESADE) al respecto de la norma, defendían que “en el largo plazo se debería afrontar, una política mucho más agresiva de construcción de vivienda destinada a alquiler social”. Mirando en el corto plazo, estos mismos expertos consideran que “las políticas son mucho menos nítidas, pero España debería aprovechar los instrumentos fiscales y redistributivos existentes (…) Debería también ampliarse el rango de herramientas inclusivas destinadas a facilitar la emancipación y construcción de nuevos hogares para las generaciones que se incorporan a la vida adulta”. 

Una ayuda a los jóvenes desigual y muy limitada

El llamado bono joven tampoco ha sido acogido por el sector como algo que venga a mejorar la escena. Por las condiciones para obtenerlo, llegará de forma residual; sobre todo a los jóvenes que necesiten emanciparse en las ciudades donde los precios del alquiler están más tensionados. Fuentes del sector estiman que menos del 40 % de las viviendas en alquiler de las 50 capitales de provincia cumplen con el límite de renta de los 600 euros al mes.

El porcentaje de alquileres disponibles por debajo de ese precio es tan escaso que resultará imposible cumplir esta premisa; en concreto en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Bilbao, Donostia o Vitoria. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, explica que “volvemos a perder la oportunidad de crear medidas que realmente faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes y los más desfavorecidos y de crear un sector más sano y robusto”. La norma establece que un 30 % de casas nuevas se destinen a vivienda protegida; pero serán las Comunidades Autónomas las que apliquen sus competencias y ahí entramos en otro conflicto.

Incertidumbre en el mercado y con diferencias entre Comunidades Autónomas

Para Iñareta además, “el anuncio hecho público hoy genera, una vez más, incertidumbre en el mercado. Los tiempos fijados para el trámite parlamentario; así como los meses necesarios para poder ponerla en marcha sugieren que la nueva ley no entraría en vigor hasta la siguiente legislatura. En ella, las fuerzas parlamentarias podrían variar y también el interés político sobre la misma”.

Desde Idealista consideran además que la medida no cuenta con el consenso de los expertos del sector, ni de los socios de gobierno. “Experiencias anteriores ya confirman que su utilidad para mejorar el acceso a la vivienda sería nula, cuando no contraproducente. Por otra parte, el hecho de que su aplicación o no quede en manos de las comunidades autónomas provocará sin dudas divergencias en el conjunto de territorio,  facilitando el desvío de las inversiones hacia aquellas comunidades más laxas o donde no se aplique la ley, por lo que las posibilidades de promover alquileres asequibles mediante la colaboración público-privada se vería también seriamente afectada en aquellas comunidades que la apliquen“.