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Conseguir que todas las personas puedan tener una vivienda con unas condiciones de vida y de confort mínimas es un objetivo que partidos políticos, instituciones y la sociedad consideran prioritario desde hace años. Poder hacer uso de una necesidad básica como la energía es fundamental para todos, pero la crisis hizo estragos hace años y sumió a muchas familias en una situación de precariedad (en algunos casos, hasta la pobreza), que se extendió también al ámbito energético. Favorecer el acceso a la luz para las personas en situación vulnerable es más que necesario. En estos días en los que se ha celebrado la semana europea contra la pobreza energética, volvemos a mirar con especial atención a las personas que sufren esta situación. Según el III Informe de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11 % de los hogares españoles no pueden pagar los servicios mínimos para cubrir sus necesidades domésticas básicas o se ven obligados a destinar más de un 10% de sus ingresos a pagar las facturas. Es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero Cruz Roja, por su parte, ha lanzado la campaña ‘Comprometidos con las personas y el medio ambiente’, en la que denuncia que unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de vulnerabilidad o pobreza energética en España. La entidad hace un llamamiento con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y compensar esas emisiones financiando proyectos de lucha contra la pobreza energética. "Esta iniciativa pretende fomentar la corresponsabilidad de Cruz Roja, la sociedad civil y las empresas sobre el cambio climático y la lucha contra la pobreza energética", explica Sara Casas, técnica del Departamento de Formación y Medio Ambiente de Cruz Roja. Los responsables últimos de las emisiones somos todos, empresas, administraciones públicas, organizaciones no lucrativas y ciudadanos, y su impacto afecta en mayor medida a los colectivos más vulnerables, como destaca Cruz Roja. Ignacio Galán con representantes de organizaciones sociales en los Premios Iberdrola Solidaridad Las eléctricas no han permanecido insensibles a esta situación. Pese al maniqueísmo que impera en nuestros días, la realidad es que las compañías están adoptando medidas para evitar los cortes de suministro a las personas que no pueden pagar sus facturas. Destaca el caso de Iberdrola, que desde marzo de 2017 protege ya al 100% sus clientes residenciales en España y ha reducido un 95% los cortes de suministro en los últimos seis años a consumidores domésticos que no habían podido pagar sus recibos. El primer escollo es saber qué clientes se encuentran en una situación vulnerable, porque las empresas no tienen esos datos. Para solventarlo, están firmando acuerdos con administraciones públicas y ONGs que saben de primera mano la situación en la que se encuentran los posibles afectados. Es compromiso de todos que ninguna familia que no pueda pagar sus facturas no tenga luz Volviendo al caso de Iberdrola, la empresa ha revisado sus políticas y procedimientos de gestión de clientes vulnerables, lo que ha impactado de manera positiva en la atención a este colectivo de clientes y en los procesos de gestión de cobro y corte de suministro. Ha incidido en la identificación proactiva de clientes en posible situación de vulnerabilidad, así como en la adecuación de procedimientos operativos de requerimiento de deuda y en permitir el acceso a facilidades de pago de las facturas para estas personas. Además, el grupo ha firmado y aplicado 55 acuerdos y convenios con ayuntamientos, comunidades y entidades sociales como Cáritas o Cruz Roja para la protección de colectivos vulnerables. Todo con un objetivo irrenunciable: la protección a las personas que aún siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica. El compromiso de todos pasa por ahí: lograr que ninguna familia que no pueda pagar sus facturas no tenga luz.

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